Volvió el Déficit Fiscal

Por Ramiro Castiñeira

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La semana pasada el Gobierno anunció que el resultado fiscal de Noviembre alcanzó un superávit primario de $2.802 millones, aunque sin considerar los ingresos provenientes del los DEG´s del FMI, el resultado fiscal arrojaría un déficit primario de $1.200 millones en el periodo.

Más aún, el deterioro de las cuentas públicas se duplicaría si tampoco se consideran los $1.100 millones mensuales provenientes de los aportes a las ex AFJP.

De igual forma, la comparación de los primeros 11 meses refleja que los ingresos totales del sector público se incrementaron un 13% respecto a igual periodo del año anterior. Aunque restando los ingresos provenientes de los DEG´s como de las ex AFJP, los ingresos fiscales sólo se habrían incrementado un 4,7% respecto de 2008, quedando en terreno positivo sólo por efecto de la inflación.

Demás está decir que difícilmente podía sostenerse el superávit fiscal en un año en que los ingresos fiscales caen ante una recesión económica local e internacional, sumado a una mala cosecha. Eso está fuera de discusión. De hecho, sería contraproducente sólo intentar hacerlo.

Pero vale advertir que el Gobierno perdió casi todo el superávit fiscal (de 3% del PBI en 2008), más por el incremento del gasto público que por los menores recursos tributarios. El incremento del Gasto público fue del 29% en el acumulado del año, magnitud que es casi el doble de la inflación estimada para el periodo.

Si bien puede entenderse como una política contracíclica para atenuar el deterioro del nivel de actividad, también lo es que este ritmo del gasto público no puede sostenerse en el tiempo. Algo que se torna preocupante cuando aun advirtiendo claras señales de rebote económico internacional y local, el gasto público en Noviembre creció al 37% interanual, magnitud muy por encima del promedio anual, dejando en evidencia que no detiene su empuje sobre el nivel de actividad.

Pese a que el Gobierno ya no dispone de recursos para asegurar el pago de la deuda pública en el tiempo con plena independencia de los mercados financieros, el escenario de default todavía no está en el horizonte dado que el Gobierno sólo necesita de 2,3% del PBI para el pago de intereses y capital en 2010 (neto de deuda intra sector público), de los cuales la mitad es en pesos y para el resto dispone de abultadas reservas.

Ahora bien, si el Gobierno no se establece como meta recuperar el superávit fiscal, la situación se encamina bien a financiarse con más deuda pública (tal como en los ´70 y los ´90), o bien a financiar al Estado con inflación, como en muchas décadas anteriores. Doscientos años de historia mostraron que en ambos casos nunca se termina bien.

El "Fondo del Bicentenario" no pone en riesgo la Moneda. El déficit fiscal si.

Por Ramiro Castiñeira

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Sólo un puñado de países logran tener moneda sin respaldo de activos externos. Ejemplo extremo de ello es EE.UU. con una moneda respaldada exclusivamente con deuda de su propio Gobierno. Para el resto de los países y principalmente para los emergentes, para que la sociedad logre tener confianza sobre su moneda, el Banco Central necesita mostrar no sólo que tiene un piso de activos externos que la respalden, sino también el compromiso que no financiará gratuitamente al Gobierno.

No existe una "regla" para saber cual es el nivel óptimo de activos externos que genere confianza sobre la moneda. Si bien la regla de "Reservas de Libre disponibilidad", o la propia convertibilidad en su momento, son ejemplos de intentar establecer ese piso, la historia nos muestra que ello no asegura el valor de la moneda. Se podrá respaldar la base monetaria, algo radicalmente distinto a respaldar la moneda, o los agregados monetarios más amplios.

Esto refleja que el deterioro o fortaleza de una moneda no viene por los stocks que la respalden, sino por los flujos de la economía.

A modo de ejemplo, la ciencia económica encuentra evidencia de que un persistente superávit en la cuenta corriente del Balance de pagos (flujo) generará presión para la apreciación cambiaria, al margen del stock del reservas que dispone el Banco Central. En sentido contrario, el déficit actuará presionando por una depreciación de la moneda.

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De igual forma, se sabe que monetizar un déficit fiscal crónico, es decir, emitir para financiar el rojo del Tesoro (flujo), generará presión para una devaluación de la moneda local, ante el mayor dinero en circulación y la misma generación de valor.

Advertido de ello, la moneda no se pone en riesgo por la creación del "Fondo del Bicentenario", sino por la pérdida del superávit fiscal del Gobierno Nacional en un contexto donde no dispone de acceso al crédito en cantidad y precio suficiente para ser independiente del BCRA.

Pagar los vencimientos de la deuda pública con reservas que prácticamente no rinden interés, antes de refinanciar los vencimientos a una tasa de interés arriba del 10% anual, no es una mala decisión en lo financiero si se busca aprovechar la coyuntura internacional de tasas de interés nulas. El Estado Nacional en su conjunto se ahorrará u$s650 millones anuales en intereses en términos netos (=6.500*0,10), sin modificar su situación patrimonial (cancela pasivos -deuda- con un activo -reservas-).

Ahora bien, es una realidad que el Gobierno ya no dispone de ingresos que cubran sus gastos corrientes, lo que lleva a financiarse utilizando las reservas del BCRA, no sólo para cancelar deuda, sino también para financiar las operaciones corrientes. Es ahí donde radican los riesgos a futuro.

Financiar gasto corriente con stock (sea con reservas como ahora, o vendiendo YPF como en la Convertibilidad), son soluciones de corto plazo que no atacan el problema de fondo que es un Estado deficitario, la verdadera fuente de deterioro del valor de la moneda nacional.

El Impacto Social y Fiscal de la Nueva Asignación Familiar

Informe Mensual - Diciembre 2009 (versión PDF).

"El Impacto Social y Fiscal de la Nueva Asignación Familiar"

Por Ramiro Castiñeira

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Sea por iniciativa propia o un avance sobre la agenda de la oposición, lo cierto es que el Gobierno anunció el plan de "Universalización de las Asignaciones Familiares". La medida busca extender el beneficio de la asignación familiar que procura el Estado a todos los trabajadores registrados, ahora también a trabajadores que se desempeñan en la economía informal o se encuentran desempleados.

Actualmente la asignación familiar tiene un máximo de $180 mensuales por cada hijo menor de 18 años a cargo del trabajador. El sistema cubre a 4,3 millones de menores de edad, con un costo anual cercano a los $10.000 millones, equivalente al 0,8% del PBI. Ahora bien, la población menor de 18 años en Argentina supera los 12,4 millones, lo que implica que el actual sistema de seguridad social sólo cubre al 35% del grupo etario.

El 65% restante (equivalente a 8,1 millones de menores), no acceden al beneficio bien porque sus padres se desempeñan en la economía informal o se encuentran desempleados, o en el otro extremo y siendo los menos, no acceden por estar a cargo de trabajadores registrados con salarios superiores a $4.800. Tampoco acceden si no están bajo relación de dependencia por ser monotributista, cuenta propia, profesional, patrón, etc.

De este universo de 8,1 millones de menores, está claro que el Gobierno estableció requisitos para focalizar la nueva asignación familiar sólo a los menores más vulnerables. Con tal objetivo se exige un certificado que acredite que el menor está al día con el cronograma nacional de vacunación, y para los mayores de cinco años de edad, también se exigirá un certificado de asistencia regular a establecimientos educativos públicos. Pero aún cumpliendo dichos requisitos sólo tendrán acceso los padres que trabajando en la economía informal, tengan ingresos inferiores al salario mínimo vigente.

Las exigencias tienden a focalizar la asistencia en los hogares pobres al mismo tiempo que otorga incentivos económicos para el cuidado de la salud y educación de menores en hogares vulnerables. Pero lo cierto es que también conlleva una discriminación horizontal dado que para el trabajador registrado no operan dichos requisitos, al mismo tiempo que el tope de ingreso mensual para acceder al beneficio supera más de tres veces al salario mínimo vigente.

En suma, actualmente existe cierto consenso social en la necesidad de otorgar una respuesta desde el Estado a los menores de 18 años. Pero las diferencias en como hacerlo no son menores dado que unos apuntan a una asistencia en forma universal sin requisito alguno, mientras que otros apuntan en otorgar un subsidio más focalizado que permita asistir sólo a los menores más vulnerables, advirtiendo la presencia de una restricción presupuestaria en el Estado.

El presente informe tiene como objetivo profundizar el análisis. Para ello, primero se presentará un cuadro de situación de la estructura social Argentina. Luego se proseguirá con un análisis de los actuales programas asistencia social del Estado que tengan el objetivo explícito de paliar la pobreza en hogares con menores. Por último, se realizará un análisis del reciente programa lanzado por el Gobierno, como también se estimará la cantidad de hogares y menores que se verán favorecidos por la nueva asignación universal, así como también su costo fiscal y forma de financiamiento.

Cambio Climático. La Reunión en Copenhague

Informe Especial N°408 (Versión PDF)


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"Cambio Climático. La Reunión de Naciones Unidas en Copenhague y los desafíos para la Argentina"

Por Alieto Guadagni