El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (
INDEC) nos informó que el Indice de Costo de Vida
aumentó un 9,8% en el periodo diciembre 2006/diciembre 2005. Este anuncio generó dos reacciones. Por un lado, euforia en el Gobierno porque se había cumplido con el objetivo de reducir a un digito la inflación en el 2006. Por el otro lado, comentarios periodísticos poniendo de relieve la falta de credibilidad de ese indicador para medir la realidad inflacionaria en el 2006.
Esta dualidad en el análisis ha sido claramente puesta en evidencia en el muy buen informe semanal del viernes 5 de enero que amablemente me envía, en el actual contexto de trueque informático, la consultora
MVAS Macroeconomía:
"Vemos con cierta preocupación la proliferación de ciertas interpretaciones tendientes a quitarle al IPC "representatividad" como medida para calibrar la inflación real, ya que ello puede socavar las chances de éxito del Gobierno en buscar ordenar las discusiones saláriales a fin de lograr contener aún más las demandas de cara al año que comienza. Lógicamente, el IPC, por ser un índice que reproduce el patrón de consumo promedio de la población, además de estar construido en base a una encuesta de gastos con once años de antigüedad, puede sufrir algunos problemas para medir la inflación real que padecen ciertos grupos sociales en particular, pero de allí a afirmar que no es representativo y que la inflación "real" es mayor hay un trecho largo. A nuestro juicio, no hay mejor medida disponible que el IPC para aproximar lo que ocurre con la inflación a nivel minorista, y por tanto todo comentario respecto de cuestiones tales como la sensación térmica o cosas parecidas debe ser tomado con precaución. Confiamos de todos modos en el poder de persuasión del Gobierno para lograr ordenar las demandas salariales de modo tal que las mismas no resulten en un factor que afecten negativamente las expectativas".
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No hay ninguna duda que en el Índice de Costo de Vida incide el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos privatizados y los controles de precios. Ello no necesariamente quiere decir que el gobierno esta tergiversando la realidad. En efecto, el Gobierno no estaría cometiendo ningún pecado en la confección del Indice de Costo de Vida si el consumidor paga efectivamente el precio fijado por el Gobierno. ¿Esta es la realidad para todos los bienes y servicios sujetos a control?
En el caso de los servicios públicos privatizados (luz, gas, nafta, teléfono, agua, etc.) el consumidor paga el precio fijado por el Gobierno y el IPC al tomar esos precios correctamente refleja esta realidad. Ello no implica dejar de lado las críticas que se formulan a esta política en términos de sus efectos distorsivos sobre la asignación de recursos o sobre la falta de incentivos a la inversión o sobre la magnitud de los subsidios que ello ocasiona. Pero no podemos desconocer en el IPC que ese es el precio que efectivamente paga el consumidor por el servicio privatizado.
Pero el análisis no es tan claro en el caso de otros bienes y servicios sujetos a controles. El INDEC para medir el IPC mensualmente obtiene información sobre 115.000 precios de bienes y servicios. Ello requiere que el encuestador del INDEC releve los precios de una serie de bienes y servicios que se especifican con mucho detalle en
la metodología de medición de dicho Indice. Ello es así porque un bien, que genéricamente se conoce, por ejemplo como carne o fideos, tiene distintos tipos de corte de carne o denominaciones de los fideos cuando se comercializan en el mercado. Ello lleva a que los encuestadores no pregunten sobre el precio de la carne o de los fideos en general sino que traten de obtener la información del precio del tipo de corte de la carne o denominación del fideo que específicamente figura en el IPC.
Como consecuencia de esta metodología de estimación del Indice del Costo de Vida, una política de controles de precios puede impulsar al Gobierno a dos tipos de acciones si su objetivo es incidir en la medición del índice de precios.
El primer caso es cuando el Gobierno fija los precios de los productos que directamente forman parte del Indice pero no fija los precios de aquellos que son claramente sustitutos del bien o servicio sujeto a control. Por ejemplo, fija el precio del tipo del corte de la carne o denominación del fideo que directamente entra en el índice y deja desregulado los otros tipos de corte de carne o fideos. En estos ejemplos, esta el INDEC falseando la medición estadística del IPC? Claramente no porque solo toma el precio del corte de carne que específicamente pregunta el encuestador. Pero, esta medición es "representativa" de la realidad inflacionaria? Claramente no porque deja de lado los aumentos de los precios de los cortes de carne sustitutos que no figuran en el IPC.
El segundo caso es cuando el Gobierno hace uso de "una ingeniosa ingeniería contable" para influir en el Indice de Costo de Vida. Dos ejemplos son muy claros. El Gobierno mantiene constante las cuotas mensuales de los colegios privados, que son los precios que pregunta el encuestador, pero aumenta el número de cuotas que se pagan en el año. Otro caso similar surge de la reciente decisión vinculada con al medicina prepaga. Aumenta gradualmente hasta un 6% la cuota mensual en el 2007 y simultáneamente se crea un nuevo régimen de aranceles complementarios por los servicios de salud que prestan a sus afiliados.
En ambos casos el INDEC mide el costo de la educación y la salud por el valor de la cuota mensual, que al permanecer prácticamente constante no afecta la medición del Indice. Esta falseando la medición estadística? Claramente no. Esa medición es "representativa" de la realidad inflacionaria? Claramente no.
Es obvio, que el objetivo fundamental del Gobierno en torno a estas estrategias estadísticas es frenar las expectativas inflacionarias y también atenuar las demandas salariales. Sin embargo, no creo que los dirigentes sindicales sean tan ingenuos para no tener en cuenta la sensación generalizada que el Indice de Costo de Vida no es representativo de la realidad inflacionaria. Creo que en el caso de las negociaciones sindicales además del Indice va a ser necesario hacer concesiones complementarias a los sindicatos, por ejemplo, en los recursos de las obras sociales.
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Pero el Indice de Costo de Vida no solo incide en las demandas salariales. Tiene otras consecuencias negativas que golpean sobre la seguridad jurídica. El canje de la deuda que realizo el Gobierno para salir del "default" cambio también la estructura de monedas de la deuda del Gobierno. En efecto, en la época de la convertibilidad toda la deuda estaba en dólares. A partir del canje el 41% de la deuda publica total esta en pesos indexada con el Indice de Costo de Vida. En consecuencia, si el Indice no es representativo de la realidad hay una transferencia de riqueza de los tenedores de títulos públicos al Gobierno.
En síntesis, la actual estimación del Indice de Costo de Vida es un claro ejemplo de una vieja recomendación a los que elaboran indicadores estadísticos: "bull-shit in, bull-shit out"
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